Información general
Las empresas de inserción son sociedades mercantiles, laborales o cooperativas, debidamente calificadas por la Administración competente, que desarrollan actividades económicas con la finalidad de facilitar la integración en el mercado laboral ordinario de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, de acuerdo con lo establecido en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.
Personas trabajadoras en inserción
A efectos del programa de subvenciones del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, las empresas de inserción podrán contratar a personas desempleadas o en mejora de empleo en situación de vulnerabilidad o exclusión social, entre ellas:
- Personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, rentas mínimas de inserción o prestaciones equivalentes, según la denominación de cada comunidad autónoma, así como integrantes de las unidades de convivencia beneficiarias de dichas ayudas.
- Personas que no puedan acceder al ingreso mínimo vital, rentas mínimas o prestaciones equivalentes por no cumplir los requisitos de residencia o empadronamiento, no alcanzar la edad exigida o haber agotado el periodo máximo de percepción establecido.
- Personas desempleadas inscritas en los servicios públicos de empleo durante al menos dos años, o más de doce meses si son mayores de 45 años, así como perceptoras de la renta activa de inserción que se encuentren en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
- Personas víctimas de violencia de género, violencia sexual o trata de seres humanos que, por proceder de recursos de acogida o por otras circunstancias, presenten especiales dificultades para acceder al mercado laboral.
- Personas jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores.
- Personas en proceso de recuperación e inclusión social por situaciones de desestructuración personal o familiar, conflicto con el entorno o exclusión social, como adicciones, prostitución o cumplimiento de penas privativas de libertad.
- Personas inmigrantes, beneficiarias de protección internacional o temporal y emigrantes retornadas que, por sus circunstancias personales, presenten especiales dificultades de integración en el mercado laboral ordinario.
- Personas internas de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como personas liberadas condicionales y exreclusas.
- Personas menores de edad sujetas a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación del artículo 53.4 del Reglamento de la citada ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como personas en libertad vigilada y exinternas.
- Personas procedentes de instituciones de protección o reeducación de menores.
- Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
- Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
- Personas pertenecientes a minorías étnicas, especialmente la población gitana, con especiales dificultades de integración laboral.
- Personas con responsabilidades familiares no compartidas que, junto con otros factores personales o familiares, se encuentren en situación de vulnerabilidad o exclusión social y tengan dificultades de acceso al mercado laboral.
- Personas sin hogar.
- Personas procedentes de procesos de regularización de su situación administrativa de residencia y trabajo que, por sus características o circunstancias personales, presenten especiales dificultades de integración en el mercado laboral ordinario.
- Personas expuestas a cualquier otro factor de vulnerabilidad o exclusión social no previsto expresamente en este artículo.
Acreditación de los factores de vulnerabilidad y/o exclusión social
Deberán ser acreditados por los Servicios sociales públicos o Servicios públicos de empleo competentes.